¿A quién le pedimos permiso para pensar?
Tercerizar el juicio moral en algoritmos es renunciar al ejercicio más humano: decidir sin certezas y asumir las consecuencias.
Opinión, ensayo y memoria política
Archivo permanente de la retórica oficial colombiana en X, contrastada con nuestras columnas. Indexable, citable, fechado.
Columnista senior
54 años, Bogotá. Derecho Universidad Nacional, filosofía política en la Javeriana, máster Complutense de Madrid. 15 años en medios colombianos y europeos.
Tercerizar el juicio moral en algoritmos es renunciar al ejercicio más humano: decidir sin certezas y asumir las consecuencias.
La revocatoria de capturas al Clan del Golfo expone una tensión constitucional: ¿puede el presidente dirigir investigaciones penales?
La excepción al permiso de viaje para menores cuyos padres son deudores alimentarios revela una tensión entre derecho familiar y protección infantil.
Cada gobierno promete sanear la cuenca. Ninguno explica cómo pagará la factura ni quién supervisará el cumplimiento real.
La entrega de la sede de la UIS en Málaga revela tanto los aciertos de la inversión pública como los riesgos del uso político de las obras.
La presentación del libro de Walter Benavides obliga a preguntarnos si conocemos la historia precolombina o solo su versión museográfica.
Las excavaciones del nuevo hospital regional devuelven a la superficie una pregunta incómoda: ¿por qué construimos sobre la memoria sin preguntarnos qué enterramos?
La prensa no es neutral, pero tampoco puede ser trinchera. Una reflexión sobre el oficio en tiempos de polarización.
Criticar fallas en la provisión privada de servicios es legítimo; desacreditar a los jueces cuando no obedecen al poder político es un ataque a la separación de poderes.
La Universidad Nacional tiene 140 años; el gobierno actual, cuatro. Esa diferencia temporal explica por qué ningún mandatario puede reclamar paternidad sobre lo que heredó.
La deshumanización del contrario no es retórica inocente: es el prólogo de la violencia que destruye repúblicas.
Cuando la estrategia se convierte en excusa para no ejecutar, tanto empresas como gobiernos terminan marcando en contra.
Que haya menos ninis no significa que hayamos resuelto el problema: significa que tenemos menos jóvenes. La diferencia importa.
La carrera presidencial anticipada por sondeos convierte la competencia electoral en una subasta de expectativas donde los ciudadanos quedan como espectadores.
La reacción presidencial ante un fallo judicial adverso revela más que un temperamento: expone la fragilidad del pacto institucional que sostiene la democracia.
La pregunta que plantea Foreign Affairs sobre el rol de los CEOs estadounidenses frente al trumpismo tiene resonancias incómodas para Colombia.
Las organizaciones confunden tener principios escritos con practicarlos. La diferencia se mide en las decisiones que cuestan.
Cuando el poder se ejerce sin capacidad de persuadir, lo que queda no es liderazgo sino imposición. La diferencia marca el destino de las instituciones.
Cuando los aranceles caen pero la coordinación institucional sigue ausente, el comercio regional se convierte en retórica sin estructura.
Invocar la reindustrialización sin infraestructura ni instituciones estables es repetir los errores que hundieron a Buenos Aires durante medio siglo.
La Misión de Observación Electoral de la UE llega a Colombia en medio de desconfianza institucional. Su valor no está en legitimar resultados, sino en documentar el proceso.
La propuesta de una nueva política de propiedad estatal exige responder primero por qué fracasaron las anteriores y qué resguardos institucionales impedirán la politización.
Colombia ofrecerá disculpas al pueblo U'wa por orden de la Corte Interamericana, pero las medidas materiales de restitución siguen pendientes.
El funeral de Vargas Lleras expuso una tensión irresuelta: ¿dónde termina el homenaje institucional y dónde comienza la plataforma electoral?
En el sepelio de Vargas Lleras, Francia Márquez hizo algo que la polarización había vuelto improbable: reconocer al adversario en su humanidad.
Decretar luto oficial es un acto político que trasciende lo ceremonial y plantea una pregunta incómoda: ¿quién define qué pérdidas importan?
Cuando un medio regional niega el acceso a contenido sin explicación, conviene preguntarse qué dice esa opacidad sobre el estado de la información pública.
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