¿Qué queda de una república cuando quien ejerce el poder ejecutivo descalifica públicamente a los jueces que lo limitan? La pregunta no es retórica. Es el nudo político que enfrenta Colombia después de que el presidente Gustavo Petro arremetiera contra el Consejo de Estado por tumbar su decreto de traslado anticipado de competencias. La escena es conocida: un mandatario contrariado, un tuit incendiario, una acusación de parcialidad judicial. Pero el patrón se repite con suficiente frecuencia como para dejar de ser anecdótico y convertirse en síntoma.
La separación de poderes no es un adorno constitucional. Es el mecanismo que impide que la voluntad de uno solo —así haya sido elegido por mayoría— se imponga sin contrapeso. Montesquieu lo formuló en El espíritu de las leyes no como ideal abstracto sino como tecnología política: dividir el poder para que el poder detenga al poder. Cuando un presidente ataca la legitimidad de un tribunal porque su fallo le resulta incómodo, no está ejerciendo libertad de expresión: está socavando el principio que hace posible que exista oposición, debate, control. Está, en términos llanos, debilitando la república.
El Consejo de Estado falló en derecho. Consideró que el decreto presidencial excedía las facultades reglamentarias y vulneraba competencias establecidas por ley. Puede discutirse la interpretación jurídica, puede argumentarse que el fallo es conservador o que desconoce urgencias administrativas. Lo que no puede hacerse sin costo institucional es descalificar al tribunal, insinuar que sus magistrados actúan por intereses oscuros o sugerir que la justicia está capturada por élites hostiles al cambio. Esa narrativa, repetida desde el poder, no fortalece la transformación: la vuelve autoritaria.
No es la primera vez. La tensión entre el gobierno Petro y la rama judicial ha sido constante. Desde la Corte Constitucional hasta la Corte Suprema, pasando por tribunales administrativos, los fallos adversos han sido respondidos con señalamientos públicos, cuestionamientos a la independencia judicial y llamados a una “justicia del pueblo” que suena más a consigna que a propuesta institucional. El problema no es que el presidente critique: es que lo hace desde una posición de poder asimétrico, con capacidad de movilización mediática y política que ningún juez posee. Cuando el ejecutivo arremete, la balanza se inclina. Y la justicia, para funcionar, necesita que esa balanza permanezca nivelada.
Hay una paradoja incómoda aquí. Este gobierno llegó al poder denunciando capturas institucionales, prometiendo democratizar la justicia, hablando de refundar la república. Pero refundar no puede significar subordinar. Una justicia independiente incomoda a todos los gobiernos: tumbó decretos de Uribe, frenó reformas de Santos, limitó facultades de Duque. Esa incomodidad es señal de salud institucional, no de conspiración. Aceptarla es parte del oficio democrático. Atacarla es, en cambio, el primer paso hacia el deterioro autoritario que otros países de la región conocen bien.
El respeto a los fallos judiciales no es cortesía: es obligación constitucional. Y no solo del presidente. También de quienes lo rodean, de su bancada en el Congreso, de los movimientos sociales que lo apoyan. Defender la independencia judicial cuando falla a favor es fácil. La prueba de fuego es defenderla cuando falla en contra. Esa es la diferencia entre un proyecto democrático de transformación y un proyecto de poder sin límites.
La pregunta que Colombia debe hacerse no es si este fallo en particular era correcto o equivocado. Es si estamos dispuestos a tolerar que el poder ejecutivo, cualquiera que sea su signo político, erosione sistemáticamente la autoridad de los jueces que lo controlan. Porque si la respuesta es sí, si normalizamos el desacato discursivo como estrategia política, lo que viene después no es una república más justa: es una república más débil. Y en una república débil, al final, todos perdemos.