Georgia Levenson Keohane formula en Foreign Affairs una pregunta que incomoda por igual a liberales y conservadores: ¿pueden los directores ejecutivos de las grandes corporaciones estadounidenses actuar como guardianes de la democracia frente a un gobierno que desafía las normas institucionales? La pregunta no es retórica. Tampoco es exclusivamente estadounidense.
La tensión es antigua pero se agudiza en momentos de polarización extrema. Las empresas necesitan estabilidad jurídica, contratos respetados, reglas claras. Los regímenes populistas —de izquierda o derecha— necesitan subordinar las instituciones económicas a proyectos políticos de corto plazo. Cuando un gobierno presiona al sector privado para que abandone su neutralidad política, los CEOs enfrentan un dilema que no tiene solución técnica: resistir puede costarles sanciones regulatorias, acceso a contratos públicos o campañas de desprestigio; ceder puede destruir la credibilidad de las instituciones que sostienen el mercado mismo.
Keohane sugiere que los ejecutivos corporativos deben trazar “líneas rojas” claras: puntos de no retorno donde el silencio equivale a complicidad. El problema es definir esas líneas sin caer en el activismo político que legitimaría la retaliación gubernamental. ¿Es línea roja un decreto que viola la separación de poderes? ¿Lo es una reforma constitucional que debilita la independencia judicial? ¿Lo es la cooptación de agencias reguladoras? En teoría, sí. En la práctica, cada empresa calcula su exposición y la mayoría opta por el silencio estratégico.
La experiencia latinoamericana ofrece lecciones que Foreign Affairs no menciona pero que conviene recordar. En Venezuela, el sector privado calculó mal: creyó que podía negociar con el chavismo caso por caso, sin defender el marco institucional general. Cuando quiso reaccionar, las reglas del juego ya no existían. En Argentina, las grandes empresas aprendieron a navegar el peronismo sin confrontarlo abiertamente, pero al precio de normalizar la discrecionalidad regulatoria. En Colombia, el empresariado ha oscilado entre el apoyo tácito a gobiernos autoritarios (cuando prometían “orden”) y la resistencia tardía a reformas que amenazaban sus intereses sectoriales (sin defender principios generales).
Lo que Keohane plantea es si existe un punto intermedio entre la complicidad pasiva y el activismo político que destruye la legitimidad empresarial. La respuesta clásica del liberalismo institucional es clara: las empresas no deben hacer política, pero sí deben defender las instituciones que hacen posible la economía de mercado. Eso incluye el Estado de derecho, la independencia judicial, la libertad de prensa y la separación de poderes. No por altruismo, sino por interés propio bien entendido.
El problema es que esa distinción —defender instituciones sin hacer política— se desdibuja cuando el gobierno en turno acusa de “golpismo” cualquier defensa del marco constitucional. Y se desdibuja aún más cuando sectores de la oposición presionan al empresariado para que tome partido en disputas que exceden la defensa institucional. El CEO que defiende la independencia del Banco Central puede ser acusado simultáneamente de “neoliberal” por el gobierno y de “tibio” por la oposición.
La pregunta de Keohane no tiene respuesta fácil porque supone que los CEOs pueden actuar colectivamente, cosa que rara vez ocurre. Cada empresa calcula su riesgo individual. Las que dependen de contratos públicos callan. Las que exportan pueden permitirse cierta distancia. Las que operan en sectores regulados negocian en privado. El resultado es fragmentación: no hay “América corporativa” que pueda proteger la democracia, solo empresas que protegen sus balances.
Quizá la lección más dura es que el sector privado no puede suplir el vacío que dejan los partidos políticos, la sociedad civil y los ciudadanos. Puede —debe— defender el marco institucional que hace posible su existencia. Pero no puede, por sí solo, salvar una democracia que los votantes y sus representantes han decidido abandonar. Pedirle a los CEOs que tracen líneas rojas es razonable. Esperar que las sostengan solos, sin respaldo ciudadano ni coaliciones políticas amplias, es ilusorio.
La pregunta, entonces, no es solo si Corporate America puede proteger la democracia. Es si quienes defienden la democracia están dispuestos a construir las coaliciones que hagan sostenible esa defensa, sin exigir al sector privado que asuma riesgos políticos que la ciudadanía misma no está dispuesta a correr.