La inauguración de un edificio universitario debería ser trámite administrativo: corte de cinta, discurso protocolario, acta de entrega. Pero cuando un gobierno confunde infraestructura con fundación, el acto se convierte en síntoma. La reciente polémica en torno a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional —analizada esta semana por el exrector Ricardo Mosquera en El Espectador y reseñada por El Colombiano— plantea una pregunta que trasciende el caso concreto: ¿cuándo una institución centenaria deja de ser proyecto de República para convertirse en escenario de validación personal?
Las cifras documentadas por la oficina de Planeación de la Sede Bogotá, según reporta El Colombiano, indican que la Fase II del proyecto —aprobada en junio de 2023— representó 70.000 millones de pesos: el 40% del valor total. El 60% restante, más de cien mil millones, provino de fases anteriores gestionadas desde 2020 con recursos de Findeter y estampillas departamentales. Quien aporta dos quintos de una construcción es continuador, no arquitecto original. La pretensión de refundar lo existente no resiste el archivo documental.
Pero el problema de fondo no es contable. La Escuela Nacional de Bellas Artes data de 1886; la de Música, de 1882. Alfonso López Pumarejo las consolidó administrativamente en 1935 bajo la premisa —citada en la fuente— de que debían “orientar y depurar nuestra actividad artística”. José Félix Patiño las integró definitivamente como facultad única en 1965. Estamos ante una estructura con casi siglo y medio de existencia institucional continua. Intentar presentarse hoy como su creador no es inexactitud menor: es síntoma de una relación equivocada con la historia y con el Estado.
López Pumarejo ofrece el contraste instructivo. Su “Revolución en Marcha” multiplicó el presupuesto de la Universidad Nacional, instituyó la cátedra libre y diseñó la Ciudad Universitaria como proyecto de largo aliento. Lo hizo —y esto es lo relevante— sin violentar la autonomía, sin exigir lealtades personales, sin convertir al estudiantado en clientela electoral. El estadista liberal entendió que una universidad pública no es extensión del Ejecutivo, sino contrapeso crítico necesario para la democracia. La diferencia entre construir para el futuro y militar para el presente no es de matiz: es de naturaleza.
La crisis de gobernabilidad actual en la Universidad Nacional ha requerido, según documenta El Colombiano, intervención del Consejo de Estado y del Tribunal Superior de Bogotá para contener intentos de alterar reglas de juego institucionales. Estos fallos no son tecnicismos jurídicos: son recordatorios de que el Estado financia, pero el Ejecutivo tiene prohibido dictar la conciencia académica. La Reforma de 1935 estableció que la Universidad de la Nación debía trascender la fugacidad de los cuatrienios presidenciales. Cada intento de saltarse procedimientos o imponer voluntad política traiciona ese principio fundacional.
La estrategia de presentar infraestructura pública como “dádiva” del mandatario de turno no es nueva en Colombia, pero sí resulta especialmente peligrosa cuando se aplica a instituciones educativas. Reduce al estudiantado —la “clase rectora” del futuro, en expresión de López Pumarejo— a masa de maniobra para validaciones gubernamentales efímeras. ¿Qué mensaje envía un gobierno cuando sugiere que la universidad le debe gratitud personal por cumplir con su obligación constitucional de financiar la educación pública? Que confunde mandato con propiedad.
La defensa de la institucionalidad universitaria no es conservadurismo académico ni nostalgia por tiempos mejores. Es reconocimiento de que ciertas estructuras —la justicia independiente, la prensa libre, la universidad autónoma— deben estar blindadas contra la tentación de cada gobierno de convertirlas en instrumentos. Los mesianismos políticos, de cualquier signo, resultan letales para la academia porque confunden legitimidad electoral con autoridad epistémica. Ganar elecciones no otorga competencia para determinar qué se investiga, cómo se enseña o quién dirige una facultad.
La Universidad Nacional no es sucursal del Palacio de Nariño. Tampoco es fortaleza opositora por principio. Es espacio público donde el conocimiento se busca con rigor, se discute con libertad y se transmite sin condicionamientos políticos. Esa fue la visión de López Pumarejo en 1935. Sigue siendo, noventa años después, el único proyecto viable para una institución que aspira a trascender los cuatrienios y servir a la nación entera. Los gobiernos pasan; las universidades, cuando se respetan, permanecen. Y ningún mandatario —por más votos que haya obtenido— puede reclamar paternidad sobre lo que heredó de la República.