Existe una tensión genuina entre la lógica del lucro y la garantía de derechos fundamentales. Esa tensión merece análisis riguroso, no consignas electorales. Un artículo reciente publicado en La Nación de Neiva denuncia abusos documentados en la provisión privada de servicios esenciales —alimentación escolar, salud, pensiones— pero lo hace con una fórmula peligrosa: convierte la crítica legítima en ataque frontal contra la independencia judicial. Esa no es defensa de derechos. Es populismo constitucional.
La premisa inicial tiene fundamento empírico verificable. Cuando el Estado delega la provisión de servicios en actores privados sin marcos regulatorios robustos, aparecen incentivos perversos. Los escándalos del PAE con alimentos en mal estado están documentados en investigaciones de la Contraloría. Las negaciones de procedimientos médicos por parte de EPS para reducir costos figuran en miles de tutelas acumuladas ante la Corte Constitucional. Esos casos no son invención: son fallas de diseño institucional que permiten que el ánimo de lucro vulnere derechos. La solución no es abolir toda participación privada —ningún sistema de salud funcional en el mundo prescinde completamente de actores privados regulados— sino fortalecer la capacidad estatal de supervisión, sanción y, cuando corresponda, provisión directa con estándares de calidad.
Pero el artículo de La Nación no propone fortalecer instituciones. Propone otra cosa: una narrativa maniquea donde todo lo privado es saqueo y toda decisión judicial contraria al gobierno es protección de intereses espurios. Esa lógica es insostenible en una democracia constitucional. Tomemos el caso de los fondos privados de pensiones. Es cierto que administran recursos de los cotizantes y que parte de esos recursos se invierten en proyectos de infraestructura o en bonos corporativos. Esa es, precisamente, la función fiduciaria de un fondo de pensiones: generar rentabilidad para pagar mesadas futuras. El problema no es que inviertan —sería irresponsable que mantuvieran los recursos improductivos— sino verificar si lo hacen con conflictos de interés no regulados, con rentabilidades insuficientes o con riesgos excesivos para los afiliados. Ahí es donde entra la Superintendencia Financiera, no el discurso de campaña.
El artículo original afirma que magistrados de altas cortes han bloqueado la reforma pensional porque estarían protegiendo negocios de los fondos privados. Esa caracterización confunde desacuerdo judicial con captura institucional. Los magistrados que han emitido fallos o conceptos sobre aspectos de la reforma pensional no están bloqueándola por favorecer intereses privados. Están ejerciendo control de constitucionalidad, que es su función. Pueden equivocarse en sus argumentos —y debemos debatir esos argumentos con rigor técnico— pero descalificar a priori toda decisión judicial adversa como protección de intereses ocultos es un ataque directo a la separación de poderes.
¿Debemos aceptar sin crítica toda sentencia judicial? Por supuesto que no. La jurisprudencia se debate, se cuestiona, se revisa en instancias superiores. Pero existe una diferencia abismal entre criticar los fundamentos de un fallo y acusar a los magistrados de estar al servicio de poderes económicos sin evidencia procesal que lo respalde. Lo primero es ejercicio democrático legítimo. Lo segundo es populismo judicial: la estrategia de deslegitimar a los jueces cuando no obedecen al poder político de turno.
Esta retórica no es nueva en la región. La hemos visto cuando gobiernos de distinto signo no consiguen que sus reformas pasen el filtro constitucional y acusan a los jueces de estar capturados por élites. Es la misma lógica que usó la administración Trump contra jueces federales que bloquearon decretos migratorios, la misma que emplea Nayib Bukele contra la Sala de lo Constitucional salvadoreña, la misma que usó Hugo Chávez contra el Tribunal Supremo venezolano antes de cooptarlo completamente. No estoy equiparando gobiernos ni contextos. Estoy señalando un patrón: el populismo constitucional siempre empieza deslegitimando la justicia cuando esta ejerce control.
El cierre del artículo original es revelador en su franqueza: llama a votar por un candidato específico para, según sus palabras, revertir lo que caracteriza como una aplicación invertida de la Constitución. Aquí la máscara cae por completo. No se trata de un análisis sobre privatizaciones fallidas ni sobre diseño institucional. Se trata de propaganda electoral que instrumentaliza denuncias legítimas para desacreditar instituciones de control. La Constitución no se defiende votando por un candidato. Se defiende con instituciones independientes, con debates técnicos rigurosos, con controles efectivos y con ciudadanos que exigen rendición de cuentas tanto al Estado como al mercado.
Los colombianos merecemos un debate más serio. Merecemos discutir cómo regular servicios esenciales sin destruir incentivos para la innovación y la eficiencia, cómo fortalecer Colpensiones sin comprometer la sostenibilidad fiscal de largo plazo, cómo proteger el ahorro pensional sin prohibir la inversión productiva que genera empleo. Ese debate no cabe en consignas de campaña. Requiere evidencia empírica, comparación internacional con sistemas mixtos exitosos, modelación actuarial transparente. Requiere, sobre todo, respeto por las instituciones que nos protegen de la arbitrariedad, incluida —especialmente— la arbitrariedad del poder político que se disfraza de defensa del pueblo.
La pregunta central no es si votamos por tal o cual candidato para aplicar la Constitución de manera distinta. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a defender la independencia judicial incluso cuando sus fallos contrarían nuestras preferencias políticas? Porque el día que aceptemos que los jueces son legítimos solo cuando nos dan la razón, ese día habremos perdido la República. Y sin República, no hay derechos que valgan la pena defender.