El Ministerio de Justicia rechaza hostigamientos contra organizaciones sociales y afirma que afectan garantías democráticas.
El Ministerio reconoce que los hostigamientos a organizaciones sociales erosionan garantías democráticas. Sin embargo, como señala Catalina Restrepo Mejía en "Elecciones sin garantías de orden público", la vulnerabilidad de defensores y activistas refleja un déficit más profundo: la incapacidad del Estado para garantizar seguridad en territorios donde opera violencia organizada, condición previa para que la participación ciudadana sea efectiva.