La geopolítica energética mundial está en movimiento. No es el colapso del orden anterior, sino su reconfiguración. Y en ese nuevo equilibrio, Colombia no puede ser espectadora.
Desde hace una década, el país ha navegado entre dos tentaciones: la de confiar en que el petróleo seguiría financiando importaciones de energía, y la de asumir que la transición energética global ocurriría a ritmo controlado. Ambas premisas se erosionan.
El contexto global que nos obliga a decidir
La demanda energética mundial no cae. Según proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía, incluso bajo escenarios de descarbonización acelerada, el consumo de electricidad crecerá entre 1,5% y 2% anual hasta 2030. Simultáneamente, los grandes productores de energía—Rusia, Estados Unidos, China—están blindando sus cadenas de suministro. No es ideología: es lógica de poder.
En América Latina, el fenómeno es visible. Brasil acelera su matriz de renovables y negocia suministros con Uruguay y Paraguay. Perú y Chile avanzan en litio y energías limpias. Argentina, a pesar de su volatilidad, mantiene reservas de gas que le dan margen de maniobra.
Colombia, por el contrario, permanece en una posición incómoda: ingresos decrecientes por petróleo, capacidad instalada de generación estancada, y una demanda que crece con la urbanización y la industria.
La falsa dicotomía entre producción y dependencia
No se trata de elegir entre autarquía energética o integración regional. Se trata de capacidad de decisión. Un país que produce su propia energía—o que diversifica fuentes—tiene opciones. Puede exportar, puede negociar precios, puede proteger su industria de choques externos.
Un país que importa energía en un contexto de escasez relativa es un país que negocia desde debilidad. Y eso tiene consecuencias inmediatas: presión sobre el tipo de cambio, vulnerabilidad a volatilidad de precios internacionales, y limitaciones para atraer inversión industrial.
La pregunta no es romántica sino pragmática: ¿qué capacidad queremos tener en 2035?
Dónde está el cuello de botella
Colombia tiene potencial en tres áreas que requieren decisión política inmediata:
Hidroelectricidad: El país genera cerca del 65% de su electricidad con agua. Pero la infraestructura está envejecida y los proyectos nuevos enfrentan bloqueos ambientales y sociales legítimos, pero también dilaciones administrativas. Proyectos como Ituango llevan años en construcción. Otros, como Hidroituango, han sido punto de fricción política.
Energías renovables: La capacidad solar y eólica instalada es marginal (menos del 2% de la matriz). Pero el potencial en la Guajira y el Caribe colombiano es comparable al de regiones que ya generan gigavatios. La barrera no es técnica ni de recurso natural: es regulatoria y de financiamiento.
Gas natural: Las reservas probadas están en declive, pero hay potencial en aguas profundas del Caribe. Sin embargo, la inversión requiere certidumbre regulatoria que el país no ha ofrecido de manera consistente.
Lo que está en juego para la región
Colombia no es un actor aislado. Su decisión energética tiene implicaciones para Ecuador, Perú y Centroamérica. Si Colombia logra estabilizar su matriz y diversificarla, puede convertirse en exportador neto de electricidad. Si no, será importador en un contexto donde la energía es cada vez más escasa y cara.
Para Bogotá, esto significa también una oportunidad diplomática: posicionarse como actor confiable en seguridad energética regional, algo que Washington valora en su estrategia de contrapeso a la influencia china en infraestructura latinoamericana.
La ventana se cierra
La inversión en energía requiere horizontes de 10 a 20 años. Los proyectos que no se licencien hoy no estarán operativos en 2035. Y para 2035, la demanda colombiana de electricidad habrá crecido entre 30% y 40%, según el Ministerio de Minas.
La decisión no es entre ser verde o no. Es entre tener capacidad de decisión o carecer de ella. Entre negociar desde fortaleza o desde necesidad.
Colombia tiene los recursos. Lo que le falta es la claridad política para usarlos.