La familia de Miguel Uribe Turbay ha presentado un cuestionamiento que toca un nervio central del sistema de justicia transicional colombiano: ¿hasta dónde puede llegar la negociación penal sin que se diluya la responsabilidad de quienes orquestaron un crimen?
Según reportó La Opinión, los familiares del senador asesinado rechazaron públicamente el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General y Élder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, quien está siendo procesado por su presunta participación en el magnicidio. El comunicado firmado por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño cuestiona específicamente los beneficios judiciales otorgados a quien habría fungido como coordinador y enlace de la estructura criminal que ejecutó el crimen.
Esta tensión no es nueva en Colombia. Los preacuerdos, mecanismo legítimo para acelerar procesos y obtener información, enfrentan un dilema permanente: balancear la eficiencia procesal con la proporcionalidad de las penas. Cuando el acusado es quien presuntamente planeó y financió el crimen—como sostiene la familia Uribe respecto a Arteaga—el reclamo adquiere peso institucional.
La Fiscalía tiene autonomía constitucional para negociar. Eso es indiscutible. Pero esa autonomía no opera en el vacío. Opera en un contexto donde las víctimas tienen derechos reconocidos por la Corte Constitucional: acceso a la verdad, participación en el proceso y reparación. Cuando un preacuerdo otorga beneficios sustanciales a quien habría coordinado un asesinato político, la pregunta legítima es si esos derechos están siendo efectivamente garantizados.
Según el comunicado de la familia, Arteaga Hernández habría contactado por teléfono al sicario menor de edad, le ofreció cuatro millones de pesos por ejecutar el crimen, y se reunió con él en un billar de Engativá para entregar dos millones como anticipo. Si esa versión de los hechos es confirmada en el proceso, el rol de Arteaga no es periférico. Es central. Es el cerebro operativo.
La familia sostiene que conceder privilegios en la pena a quien tuvo ese nivel de responsabilidad constituye “un premio a la impunidad”. La expresión es fuerte, pero el argumento subyacente es jurídico: existe una relación entre la gravedad del rol en el delito y la proporcionalidad de la sanción. Cuando esa relación se quiebra, la confianza en la justicia se erosiona.
No se trata de que la Fiscalía no pueda negociar. Se trata de que cuando lo hace, especialmente en casos de alto impacto político, debe poder justificar públicamente por qué los beneficios concedidos guardan proporción con lo que se obtiene a cambio. ¿Qué información crítica proporcionó Arteaga? ¿Qué desmantelamiento de estructuras criminales se logró? ¿Por qué esa información no podía obtenerse de otra manera?
La familia también anunció que continuará utilizando mecanismos legales nacionales e internacionales para buscar el esclarecimiento completo. Eso es legítimo. Eso es derecho. Pero también es un indicador de que el preacuerdo, tal como fue comunicado, no cerró la brecha de confianza.
Lo que está en juego aquí no es solo el caso Uribe Turbay. Es la arquitectura de credibilidad del sistema penal cuando lidia con crímenes políticos. Si la Fiscalía puede negociar reducciones sustanciales de pena con quien presuntamente organizó un magnicidio, el mensaje institucional es que el nivel de planificación no es un factor determinante en la proporcionalidad. Eso es problemático.
La Corte Constitucional ha establecido que los preacuerdos deben respetar un piso mínimo de proporcionalidad. No pueden convertir a los organizadores en beneficiarios de la misma manera que a los ejecutores. La familia Uribe está reclamando que esa línea se respete. Es una reclamación que la Fiscalía debe poder responder con argumentos públicos, no solo con la invocación de su autonomía.
La justicia negocia. Pero negocia dentro de límites. Cuando esos límites se desdibujan, la víctima y su familia tienen derecho a cuestionarlo. Y las instituciones tienen el deber de explicar por qué lo hicieron.