El país atraviesa un momento en el que las decisiones sobre política fiscal, reforma judicial, pensiones y seguridad deberían estar sustentadas en argumentos densos, datos verificables y una confrontación seria de visiones. No es lo que vemos.
La pobreza del debate público colombiano actual no es un problema menor de retórica. Es un síntoma de deterioro institucional que afecta directamente la calidad de las decisiones que se toman en nombre de todos.
Observamos, en cambio, una política nacional donde prevalecen los eslóganes sobre el análisis, las descalificaciones personales sobre la refutación de argumentos, y la polarización tribal sobre la búsqueda de soluciones. Cuando el Gobierno presenta una reforma tributaria, la oposición responde con consignas. Cuando se debate la estructura de pensiones, los actores políticos hablan para sus bases, no para convencer.
Esto tiene consecuencias concretas. Un debate empobrecido produce leyes mal diseñadas. La contratación pública se decide sin escrutinio serio de alternativas. Las políticas de salud avanzan sin que se cuestione su viabilidad fiscal. Los nombramientos judiciales se validan sin que se examine el perfil de los candidatos con rigor.
La responsabilidad no recae en un solo actor. Los medios de comunicación, incluidos los digitales, han optado por la amplificación del conflicto antes que por la profundización del análisis. Las redes sociales premian la provocación y castigan la matización. Los partidos políticos han abandonado la formación de cuadros capaces de argumentar con solidez. Las universidades, que deberían ser espacios de pensamiento crítico riguroso, han sido capturadas por las mismas dinámicas polarizantes que dominan el resto de la sociedad.
Un Estado de derecho funcional requiere que los ciudadanos y sus representantes puedan discutir las grandes cuestiones públicas con un mínimo de rigor compartido. Eso significa que cuando alguien afirma que una política generará tal efecto, debe estar dispuesto a presentar evidencia. Que cuando se critica una decisión, se ofrezca una alternativa evaluable. Que los desacuerdos sean sobre el fondo, no sobre la intención moral del adversario.
Colombia no carece de capacidad intelectual para sostener ese debate. Tiene economistas, constitucionalistas, expertos en finanzas públicas, analistas políticos. Lo que falta es un ecosistema que valore y premie esa calidad. Un espacio donde argumentar bien sea más rentable políticamente que gritar bien.
Mientras sigamos decidiendo el futuro del país en base a la pobreza argumentativa que hoy domina, seguiremos produciendo políticas públicas frágiles, vulnerables a cambios de gobierno, incapaces de resolver problemas estructurales. La institucionalidad se erosiona no solo por corrupción o abuso de poder, sino también por la incapacidad de construir consensos informados sobre qué debe hacer el Estado.
El debate ya. No mañana. Hoy.