El Ejército Nacional confirmó la muerte de cuatro soldados en operaciones contra grupos armados organizados residuales en el departamento del Guaviare. Según el comunicado institucional, los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de mayo en la vereda Buenos Aires, municipio de San José del Guaviare, cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1 fueron atacadas con dispositivos explosivos improvisados por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño.
Lo relevante no es solo el número de bajas, sino el contexto operacional. El Ejército confirmó que estas tropas integraban el dispositivo de seguridad desplegado específicamente para preservar control territorial durante los comicios electorales. El Ministerio de Defensa había advertido sobre amenazas de constreñimiento electoral en la región por parte de grupos armados ilegales. Es decir: el Estado concentró recursos militares en máxima alerta precisamente para este escenario, y aun así una estructura disidente logró emboscar a esas tropas con explosivos improvisados.
Esta brecha entre intención y resultado expone un problema estratégico más profundo. No es un fallo táctico aislado. Es la manifestación de una realidad que persiste después de décadas de operaciones contrainsurgentes: el control territorial en vastas zonas del suroriente colombiano sigue siendo nominal.
El Bloque Jorge Suárez Briceño opera en corredores de movilidad entre Venezuela y el interior del país. Su capacidad para fabricar y desplegar artefactos explosivos, y su persistencia después de años de operaciones militares, sugieren que las disidencias han adaptado tácticas. Ya no buscan confrontación directa masiva. Buscan ataques de precisión contra objetivos militares móviles. Eso es más difícil de contrarrestar que una confrontación convencional.
La jurisdicción de este hecho corresponde a la justicia ordinaria. La Fiscalía General deberá investigar los ataques contra la fuerza pública como delitos contra la administración de justicia y potencialmente como actos de terrorismo, según la clasificación que haga de la estructura disidente. Pero la investigación penal es consecuencia, no solución. Es el registro de lo que sucedió, no la prevención de que vuelva a suceder.
Aquí está el nudo: ¿a qué ritmo se neutralizan estas estructuras y a qué ritmo se reproducen? Si después de años de Fuerza Tarea Omega y despliegues especializados las disidencias aún pueden infligir bajas significativas a tropas en alerta máxima, el problema no es táctico sino estratégico. No es un asunto de mejor entrenamiento o mejor inteligencia operacional. Es un asunto de presencia institucional.
Guaviare seguirá siendo un territorio de disputa mientras existan incentivos económicos para la presencia de grupos armados y mientras el Estado no logre presencia institucional permanente más allá del uniforme. Eso requiere no solo Ejército, sino fiscalías locales, juzgados, instituciones de salud, empleo formal, presencia de la Procuraduría. Por ahora, lo que hay es presencia militar reactiva: se despliega cuando hay amenaza electoral, se retira cuando pasa la amenaza.
El Ejército anunció que continuará operaciones para ubicar a los responsables y afectar capacidades de estructuras armadas ilegales. Eso es protocolo institucional correcto. Pero la pregunta de fondo permanece sin respuesta: ¿cuál es el horizonte de tiempo realista para que el Estado logre presencia territorial permanente en estas zonas? ¿Cinco años? ¿Diez? ¿Treinta más?
Los cuatro soldados fallecidos merecen más que un comunicado de condolencias. Merecen que su muerte genere un replanteamiento serio de por qué, después de décadas de guerra contrainsurgente, las disidencias de las Farc siguen siendo capaces de infligir bajas en zonas donde el Estado dice tener control.