El calendario electoral se aproxima en un contexto de fragilidad institucional que merece atención. Según análisis recientes, existe el riesgo de que actores criminales intenten instrumentalizar movilizaciones sociales para generar caos durante la campaña y la jornada de votación.
Este patrón no es nuevo en Colombia. Las dinámicas de conflictividad urbana han mostrado históricamente una correlación con momentos de competencia política. Cuando hay elecciones, aumentan los incentivos para que grupos al margen de la ley busquen incidir en el resultado mediante la generación de desorden, la intimidación de votantes o la presión sobre candidatos.
Lo preocupante es que las instituciones encargadas de garantizar seguridad durante el proceso electoral no han comunicado con claridad cuál es su estrategia de prevención. La Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía deberían haber presentado ya planes específicos de inteligencia y despliegue territorial. El silencio en este frente es problemático.
Además, existe un vacío en la coordinación entre autoridades electorales y de seguridad. La Registraduría debe trabajar en sincronía con las fuerzas de orden público para identificar territorios de riesgo, garantizar movilidad de votantes y proteger a los jurados de votación. Hasta ahora, los anuncios públicos han sido genéricos.
La reactivación de primeras líneas —grupos de choque que operan en barrios periféricos— ha sido documentada por reportes de inteligencia en varias ciudades. Si estos actores reciben financiamiento o coordinación de estructuras criminales mayores, el riesgo de desestabilización electoral aumenta exponencialmente. No es especulación: es un escenario que ya ocurrió en 2021 y 2022.
El Gobierno debe actuar preventivamente. Esto incluye: inteligencia sobre financiamiento de grupos de protesta, presencia policial visible en zonas de riesgo sin represión desproporcionada, y comunicación clara a la ciudadanía sobre cómo denunciar coerción electoral. También requiere que la Fiscalía acelere investigaciones sobre nexos entre crimen organizado y movilizadores urbanos.
La oposición, por su parte, tiene el deber de no instrumentalizar la seguridad electoral para fines partidistas. Si hay denuncias sobre interferencia criminal, deben canalizarse por vías institucionales, no por redes sociales.
Las elecciones son un bien público. Su integridad depende de que el Estado monopolice legítimamente la seguridad durante la jornada. Si eso falla, el resultado será cuestionado, independientemente de quién gane. Y eso debilita la democracia más que cualquier voto.
Como reportó La República, existe preocupación fundada sobre este riesgo. Pero la preocupación sin acción institucional es solo ruido. Falta que las autoridades demuestren que tienen un plan.