La pregunta parece abstracta, pero toca un nervio: ¿tiene sentido que el Estado diseñe métricas para medir cómo los ciudadanos procesan y gestionan sus emociones? José Miguel Jaramillo, analista de La República, lo plantea en un contexto donde la polarización política, la ansiedad en redes sociales y el deterioro del diálogo público se instalaron como problemas estructurales.
El argumento que presenta es directo: la alfabetización emocional—la capacidad de reconocer, comprender y regular emociones propias y ajenas—determina en buena medida la calidad de la deliberación democrática. Sin esa base, sostiene, los ciudadanos quedan más expuestos a la manipulación, a las campañas de desinformación coordinada y a decisiones reactivas. La lógica es simple: si no entendés por qué te enojás, sos presa fácil de quien sí lo sabe.
El debate abre dos frentes legítimos. Primero, lo técnico: ¿qué indicadores serían válidos? ¿Quién los diseña? ¿Cómo se evita que se conviertan en un instrumento de ingeniería social estatal? Segundo, lo político: si un gobierno tiene esos datos, ¿los usa para intervenir en la formación emocional de la ciudadanía? Ahí la línea entre diagnóstico y control se vuelve difusa.
Para quien no siguió el hilo: Colombia enfrenta una crisis de confianza institucional acelerada por polarización en redes. Según análisis como el de Jaramillo, la fragmentación emocional de la ciudadanía ha erosionado los acuerdos mínimos. Medir la alfabetización emocional podría funcionar como herramienta de diagnóstico útil o como justificación para políticas de control, dependiendo de quién las diseñe y qué intenciones las respalden.
Lo que queda claro es que la pregunta no es caprichosa. Si una sociedad no entiende sus propias dinámicas emocionales, tampoco puede intervenir en ellas de manera consciente. El riesgo está en quién toma esa decisión.