El 13 de mayo, Yulixa Toloza ingresó a un establecimiento estético en Bogotá para someterse a una lipólisis láser con sedación. Según reportó Citytv, horas después el centro estaba cerrado y la mujer había desaparecido. La Policía Metropolitana, conforme indicó el comandante de la estación de Tunjuelito, intensificó la búsqueda verificando ubicación de vehículos y recopilando videos de seguridad del sector.
Este caso particular trasciende el drama individual porque revela un problema estructural: la operación masiva de clínicas estéticas sin licencia sanitaria en la capital.
La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó, según Publimetro, que el centro donde Toloza fue atendida no contaba con autorización para prestar servicios de este tipo ni disponía de concepto sanitario favorable. Operaba, en otras palabras, en la ilegalidad total. No se trata de un caso aislado. Bogotá alberga cientos de establecimientos que realizan procedimientos invasivos —liposucción, aplicación de toxina botulínica, rellenos dérmicos, cirugías menores— sin supervisión estatal, sin protocolos de bioseguridad verificados, sin personal médico certificado.
La normatividad existe. La Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud establece los requisitos para que una institución preste servicios de cirugía estética: licencia de funcionamiento, autorización sanitaria, personal profesional idóneo, equipos certificados, protocolos de consentimiento informado. La Secretaría de Salud de Bogotá tiene competencia para inspeccionar, vigilar y sancionar. Pero la capacidad de fiscalización es limitada y la demanda de procedimientos estéticos crece sin regulación efectiva.
El riesgo no es teórico. Un procedimiento estético con sedación requiere anestesiólogo certificado, monitoreo cardiopulmonar continuo, acceso inmediato a medicamentos de emergencia, protocolo de reanimación. Cuando se realiza en un lugar sin licencia, esos estándares desaparecen. El personal puede carecer de formación médica. El equipamiento puede ser obsoleto o defectuoso. No hay trazabilidad de lo que sucede adentro.
En el caso de Toloza, según Publimetro, la acompañante relató que los trabajadores del establecimiento le pidieron que saliera a buscar ropa para cambiar a la paciente. Cuando regresó, el centro estaba cerrado. Las autoridades investigan qué ocurrió durante ese intervalo de tiempo.
La Personería de Bogotá debe autorizar el ingreso al establecimiento para que la Secretaría de Salud verifique condiciones sanitarias y aplique medidas conforme a la normatividad. Pero eso es reacción, no prevención. El problema de fondo persiste: mientras la demanda de procedimientos estéticos crezca y los márgenes de ganancia en la informalidad superen los de la legalidad, habrá centros operando sin licencia.
La solución requiere tres acciones simultáneas. Primero, aumentar la capacidad de inspección de la Secretaría de Salud mediante presupuesto específico y personal dedicado. Segundo, implementar un registro público de centros autorizados, accesible en línea, para que los ciudadanos verifiquen antes de someterse a un procedimiento. Tercero, campañas de información sobre los riesgos de procedimientos en establecimientos sin licencia.
Mientras tanto, la desaparición de Yulixa Toloza permanece como advertencia: el mercado estético sin regulación no es un asunto de vanidad. Es un asunto de seguridad pública.