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Internacional · Análisis · 13 may 2026

Catatumbo: el dilema de la cooperación fronteriza contra el ELN

El bombardeo coordinado con Venezuela marca un giro táctico, pero expone las limitaciones de una estrategia de seguridad sin salida política clara.

Catatumbo: el dilema de la cooperación fronteriza contra el ELN — Internacional, ilustración editorial

Coordinación táctica en territorio de nadie

El operativo del 11 de mayo en Tibú no fue un acto unilateral. Según confirmó el presidente Petro, las Fuerzas Militares actuaron bajo parámetros acordados con Caracas, específicamente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esto marca un cambio notable respecto a años anteriores, cuando la administración colombiana acusaba sistemáticamente al gobierno venezolano de albergar y armar al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La pregunta que flota en el análisis regional es incómoda: ¿qué cambió en Venezuela para que ahora haya disposición a coordinar operativos contra una guerrilla que históricamente ha operado desde su territorio? La respuesta no es ideológica sino pragmática. El ELN, con sus paros armados recurrentes, sus bloqueos a infraestructura petrolera y sus ataques a civiles, se convirtió en un problema de seguridad compartido que trasciende las alineaciones políticas.

El Catatumbo como epicentro de inestabilidad

La región del Catatumbo—esa franja de Norte de Santander que colinda con Venezuela—concentra elementos que la hacen estratégicamente crítica y tácticamente compleja. Es simultáneamente enclave cocalero, corredor de narcotráfico hacia el Zulia venezolano, y zona donde el ELN mantiene sus estructuras de mando más consolidadas.

Los números son elocuentes. Entre abril y mayo de 2025, según el análisis citado, se registraron 26 atentados contra la fuerza pública en pocas semanas, dejando 19 muertos y 48 heridos. En lo que va del año, más de 50 masacres han ocurrido principalmente en Catatumbo, Cauca y suroccidente. Estos datos no son estadística: son indicadores de que la estrategia de “Paz Total” del gobierno Petro—basada en negociación con grupos que renuncien a economías ilícitas—enfrenta un adversario que rechaza esa premisa.

El ELN no es un actor monolítico dispuesto a desarmarse. Es una organización que ha diversificado sus ingresos hacia el narcotráfico, la extorsión y el control territorial. Para un grupo así, los acuerdos de paz son negociaciones de poder, no conversiones ideológicas.

La trampa de la coordinación sin estrategia política

Aquí está el nudo: la cooperación binacional en operativos militares es necesaria pero insuficiente. Un bombardeo coordinado puede degradar capacidades tácticas del ELN en corto plazo. Puede interrumpir rutas de narcotráfico. Puede neutralizar comandantes. Pero no resuelve las condiciones estructurales que permiten que el ELN reclute, financie y mantenga presencia en la zona.

La coordinación con Venezuela es frágil. Depende de que Caracas mantenga interés en contener al ELN, lo cual es cierto hoy pero no garantizado mañana. Los cambios políticos en Caracas, las presiones internacionales sobre Venezuela, o un giro en la política exterior del país vecino podrían revertir esta cooperación. Colombia no puede construir su estrategia de seguridad en la frontera norte sobre arena movediza.

Además, la operación ocurre en vísperas de elecciones (31 de mayo). Históricamente, grupos armados intensifican presión electoral en zonas como Catatumbo. El bombardeo puede interpretarse como un mensaje de fuerza estatal, pero también como reconocimiento de que el Estado perdió control territorial en esa región durante años.

Implicaciones regionales

Para la región andina, este episodio tiene lecturas múltiples. Primero, muestra que incluso gobiernos con orientaciones políticas distintas (Bogotá y Caracas) pueden converger en amenazas de seguridad compartidas. Eso es realismo geopolítico.

Segundo, expone la fragilidad de las estrategias de seguridad que no van acompañadas de presencia estatal integral. Bombardeos sin inversión en institucionalidad local, educación, empleo alternativo al cultivo de coca, generan ciclos de contención temporal pero no transformación duradera.

Tercero, plantea una pregunta incómoda para Bogotá: si la cooperación con Venezuela es necesaria para operativos en Catatumbo, ¿cuál es el costo político y diplomático de esa dependencia? ¿Qué concesiones implícitas o explícitas acompañan esa coordinación?

Medición de resultados

La eficacia de esta estrategia debe evaluarse en términos claros. No es suficiente contar operativos exitosos. Hay que medir si disminuyen las masacres, si se reduce la presión electoral del ELN, si bajan los homicidios en Catatumbo, si se interrumpen flujos de cocaína hacia Venezuela.

Los precedentes mencionados—la neutralización de alias Yahir en abril, operativos en febrero—son tácticas de contención. Contención no es victoria. Es mantener el conflicto en intensidad baja mientras se busca salida política.

Pero aquí está el problema: el ELN, a diferencia de otros grupos, no ha mostrado disposición real a abandonar economías ilícitas. Eso hace que la “disuasión estratégica” sea un eufemismo para guerra de desgaste indefinida.

Conclusión

La coordinación colombo-venezolana en Catatumbo es pragmática y necesaria. Pero no es suficiente. Colombia necesita una estrategia que combine operativos militares coordinados con presencia estatal integral, oportunidades económicas legales, y—si es posible—una negociación política con el ELN que reconozca realidades pero no capitule ante ellas.

Sin eso, los bombardeos serán episodios de contención en un conflicto que seguirá mutando.

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Columnista de La Bitácora

Andrés Felipe Torres Quintana

42 años, Bucaramanga. Economista UIS con maestría en Relaciones Internacionales del Externado. 10 años en consultoría de riesgo político.

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