El asesinato de dos mujeres en el Bulevar del Oriente de Cali, presuntamente por sicariato según reportó El Tiempo, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que la ciudad no ha logrado responder: ¿por qué los homicidios de ejecución siguen ocurriendo en zonas de tránsito intenso sin que exista una respuesta operativa visible?
El personero de Cali, Gerardo Mendoza, rechazó el crimen. El rechazo institucional es necesario pero insuficiente. Lo que falta es diagnóstico público.
En Medellín, donde he cubierto este fenómeno durante años, la violencia de sicariato tiene patrones identificables: opera en corredores específicos, responde a disputas territoriales medibles, y se concentra en franjas horarias predecibles. Eso permite intervención. Cali, en cambio, reporta estos eventos como hechos aislados, sin mapeo criminal visible, sin análisis de tendencias que la Fiscalía comunique, sin protocolos de prevención situacional que trasciendan el comunicado de rechazo.
Lo que preocupa no es solo que ocurran homicidios. Lo que preocupa es que ocurran sin que exista evidencia pública de que la ciudad tenga un plan para identificar dónde van a ocurrir los próximos.
La Fiscalía General tiene obligación de reportar, cada trimestre, los avances en investigación de homicidios por sicariato. Esos reportes son públicos. Cali debería tener un análisis trimestral de cuántos casos se han judicializado, cuántos han resultado en condena, cuántos permanecen sin identificar al autor material o intelectual. Si esos números no existen o no se comunican, entonces no hay gestión: hay solo reacción emocional.
El Bulevar del Oriente es zona de comercio, de tránsito de civiles. Si el sicariato opera allí con regularidad, significa que los actores criminales no temen ser identificados. Eso es un indicador de debilidad institucional, no de mala suerte.
La Personería tiene competencia para auditar la respuesta de la Policía Metropolitana de Cali y la Fiscalía. Mendoza debería hacer pública una evaluación: ¿cuántos patrullajes preventivos se desplegaron en esa zona en el último mes? ¿Cuántas cámaras de vigilancia funcionan en ese corredor? ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta de la Policía a reportes de disparos? ¿Cuántos casos de sicariato en ese sector han avanzado a etapa de juicio?
Sin esos números, el rechazo es solo retórica.
La violencia criminal no se detiene con declaraciones. Se detiene con inteligencia criminal, con investigación sostenida, con judicialización efectiva. Cali necesita que sus autoridades judiciales y de seguridad publiquen, cada mes, indicadores sobre sicariato: dónde ocurre, quién lo comete, quién lo ordena, cuántos casos llegan a sentencia condenatoria.
Mientras eso no suceda, cada asesinato será tratado como un acto de violencia inevitable, cuando en realidad es un fracaso medible de política criminal.